Breve escrito sobre la “rebelión” merideña de septiembre de 1810

 

Rubén Alexis Hernández

 

 

  El 16 de septiembre de 2010 se cumplieron 200 años en Mérida de un acontecimiento

  que ha sido considerado como un hito en la Historia regional: la formación de una junta

  gubernativa interina, a semejanza de lo ocurrido en Caracas el 19 de abril de 1810, y por

  supuesto   en   otras   ciudades   de   Hispanoamérica.   Naturalmente   dicha   junta   ratificó  

   la obediencia  política de los merideños al rey Fernando VII, en el contexto de la usurpación

   de   la   Corona     Española   por   parte   de   la   élite   político-militar   francesa   encabezada  

   por Napoleón Bonaparte.

   

  Ahora bien, desde el mismo siglo XIX se ha venido señalando en círculos académicos y

  políticos de la provincia y posterior estado Mérida, que la Junta de Gobierno instalada el

  16 de septiembre de 1810, fue de corte revolucionario e independentista, claro ejemplo de

  la rebelión no sólo contra el Imperio español, sino contra  Maracaibo, entidad de la que se

  separó  ese mismo año. Sin embargo, la sola reafirmación  de fidelidad de las autoridades

  merideñas al rey español, ya contradice a quienes han interpretado el acontecimiento como

  una supuesta rebelión independentista. De hecho, la Junta Suprema de Mérida, defensora

  de los derechos de Fernando VII, reiteró en diversas frases del acta del 16 de septiembre su

  adhesión a la Corona, debido evidentemente a que aún la consideraban como la autoridad

  soberana original:

 

    “Y seguidamente gritó el pueblo: viva la Junta Suprema de Santa Fe a nombre del señor

    don Fernando VII, viva la Junta Suprema de Barinas a nombre de don Fernando

   Séptimo, viva la Junta Suprema de Pamplona a nombre de don Fernando Séptimo, viva  

   la Junta Suprema del Socorro a nombre de don Fernando Séptimo; cuyos ecos fueron

  consentidos, aprobados y aplaudidos por todos los demás señores y cuerpos arriba

  denunciados que se hallan congregados en la Sala de Ayuntamiento”.

 

    En realidad   la  Junta   Suprema  de   Mérida   de 1810,   ante  la  aparente   ilegitimidad  

    de la regencia española, institución que desplazó a la Junta Central defensora de Fernando

    VII en la Península Ibérica, buscaba que la provincia merideña no permaneciera

     Políticamente acéfala. En este  sentido  la  Junta Suprema terminó como  la   depositaria

     interina de una soberanía   que   aún   emanaba   de     la   Corona,   al   menos   mientras  

     no   se   hiciera   realidad   el proyecto independentista venezolano.  De manera que

     Antonio Rodríguez Picón y otros 11 vocales, reemplazaron inmediatamente a todas las

     autoridades que habían gobernado hasta el momento en Mérida, no porque éstas hubieran

     representado al Imperio español, sino porque  ya no se les consideraba legítimas

     representantes del monarca.

  

    Por cierto que los vocales que conformaron la Junta Suprema merideña fueron electos por

    votos secretos, hecho que ha dado pie a algunas opiniones erróneas o sobredimensionadas

    respecto al carácter “revolucionario” o “democrático”  del 16 de septiembre de 1810. Nada

    más lejos de la realidad, considerando que solo un puñado de individuos pertenecientes a

    la élite     eclesiástica,   política,   militar   y   económica   merideña,   se   encargó   de  

    elegir   a   los “representantes del pueblo”. De hecho, la escogencia final de los vocales de

    la junta estuvo a cargo de un presbítero (Mariano de Talavera), de un sargento (Lorenzo

    Maldonado), de un hacendado (Vicente Campo Elías) y de un comerciante (José Arias), lo

    que indica a todas luces el carácter excluyente de los acontecimientos de septiembre de

    1810 en Mérida. A   esto   cabe   agregar   que   la   sociedad   merideña   de   la   época  

     era   extremadamente conservadora   en   lo   relativo   a   las   diferenciaciones   raciales  

     y   socioeconómicas,   con escasísimo margen para el surgimiento de movimientos 

     populares revolucionarios.

   

    En relación  a la separación de Mérida respecto de  Maracaibo, proceso acontecido tras la

    creación de   la  Junta Suprema merideña, también se han emitido diversos comentarios

    relativos a una supuesta   rebelión  merideña frente a la “sumisión” maracaibera  a la

    Corona.  En este sentido, numerosos “intelectuales” han creído que dicha acción

    separatista se debió a que Mérida anhelaba la independencia, mientras que Maracaibo

    quería seguir fiel a la Corona; pero  la verdad es que ninguna de las dos provincias se

    decantó en 1810 por la separación del Imperio español. Mientras que los merideños

    apostaron por la defensa de Fernando VII mediante la Junta Suprema, los maracaiberos

    optaron por darle un voto de confianza a la regencia, factor que en definitiva desencadenó

    la desunión de Mérida y Maracaibo:  

 

    “Este sistema de gobierno legítimo, según las leyes y los principios del derecho de gentes,

    ha   sido   adoptado   por   Santa   Fe,   Cartagena,   Cumaná,   Margarita,   Barinas,  

    Socorro, Pamplona, y por las ciudades, villas y lugares de estos numerosos

   departamentos en donde reina en el día la mayor tranquilidad, se administra rectamente

   la justicia, se abren los canales de la prosperidad, y no se oye sino la voz de la concordia,

  de la obediencia en favor de su desgraciado rey y contra el tirano de la Europa.

  Gobernada Mérida por los mismos principios, instruidas  por las mismas  verdades que

  fueron y  meditadas por sus habitantes, y  animada de  estos nobles ejemplos, adoptó  el

  mismo sistema, se desprendió de Maracaibo, cuyo antiguo jefe elevado por la Regencia a

  la Capitanía General de Venezuela la mandaba nulamente, y concentró en sí la autoridad

 suprema por medio de la instalación de otra Junta formada por el Pueblo y corporaciones

 particulares”.

 

   En verdad el desmembramiento de la provincia de Mérida de Maracaibo constituyó, más

   que un hecho intempestivo derivado de la supuesta simpatía o antipatía independentista de

   merideños y de maracaiberos en 1810, la crónica de una muerte anunciada. Considérese

   que prácticamente desde la creación de dicha provincia, en 1676, las autoridades merideñas

   y   maracaiberas   tuvieron   serias   diferencias   en   diversas   índoles,   especialmente   en  

   lo administrativo y en lo económico.

 

    Más allá de que para septiembre de 1810 algunos personajes estaban convencidos de que

    la independencia de las provincias venezolanas era inminente, la Junta Suprema de

    Mérida no fue de ninguna manera un organismo separatista, rebelde o revolucionario.

    Siguiendo el ejemplo que Caracas dio, la junta de Mérida respondió al vacío político que

    representaba para las élites locales  la usurpación de la autoridad Real española, y no a la

    intención de romper los vínculos coloniales. No fue sino hasta el año de 1811 cuando se

    inició el proceso independentista como tal en la provincia de Mérida.